Fiscalidad para startups

Una startup acumula, en poco tiempo, decisiones que una pyme tradicional no suele enfrentar hasta mucho más tarde: entra capital de terceros, se reparte equity entre fundadores y equipo, se factura desde el primer día aunque no haya beneficio, y a menudo hay operaciones internacionales o vínculos entre socios y sociedad que requieren criterio, no automatismos.

Tratar esa fiscalidad como si fuera la de un negocio tradicional —o esperar a que aparezcan los problemas para resolverlos— es lo que después complica una ronda, una inspección o la salida de un socio.

Esta página conecta con las áreas específicas que solemos trabajar juntas: si buscas algo muy concreto, es posible que quieras ir directamente a la página correspondiente (nota convertible, phantom shares, Ley Beckham, constitución) en vez de leer todo esto.

Muchas decisiones que parecen puramente societarias en el momento de constituir la sociedad tienen efectos fiscales que se notan años después: cómo se reparte el capital inicial, qué domicilio fiscal se fija, o cómo se documenta la aportación de los socios fundadores.

No planteamos la constitución y la fiscalidad como dos trámites separados en el tiempo: cuanto antes se coordinen, menos ajustes hacen falta más adelante.

Más allá de las decisiones puntuales, una startup tiene obligaciones fiscales recurrentes: liquidaciones de IVA, pagos del Impuesto sobre Sociedades, retenciones sobre nóminas y facturas, y la presentación periódica de los modelos correspondientes. No es el foco de esta página entrar en el detalle de cada modelo y plazo —eso depende de tu actividad y calendario fiscal concreto—, pero sí es donde una gestoría especializada en startups marca la diferencia frente a una gestoría generalista.

Trabajamos coordinados con tu gestoría (o te ayudamos a encontrar una) para que el cumplimiento recurrente no vaya por un lado y las decisiones estratégicas por otro.

Una ronda de inversión, una nota convertible, un préstamo ENISA o un plan de phantom shares o stock options no son solo decisiones legales: cada una mueve piezas fiscales distintas, para la sociedad, para el inversor y para quien recibe el incentivo. Coordinar esas piezas antes de firmar es más barato que corregirlas después.